Jhon Mario Díaz, abogado del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, (UNGRD, Olmedo López, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento de este sábado aseguró que no se opone a la solicitud de que su cliente sea recluido en un centro penitenciario que pidió la Fiscalía, pero requirió que sea en un batallón del Ejército para proteger su vida, exactamente en el batallón Caldas, en Bogotá. 

“El señor Olmedo ha tomado un camino muy difícil, donde manifestar la verdad no es el más seguro”, indicó el abogado.

Manifestó que a su cliente muchos lo consideran como “sapo” o “traidor” y no es un secreto lo que ha pasado a personas que son denominadas así cuando son recluidos en alguna cárceles. 

“A muchos le han cometido atentados en la cárceles”, señaló el defensor de Olmedo.

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Sostuvo que su cliente se ha acogido a un principio de oportunidad para colaborar con la justicia para revelar los hechos de corrupción en la UNGRD que tendrá repercusiones, incluso, a largo plazo.

También precisó que Olmedo ha pedido perdón a la sociedad y una manera de mostrar su arrepentimiento es que está entregando todas las pruebas a la Fiscalía para revelar la corrupción que hay dentro de la UNGRD. 

“Ha aportado todas las pruebas y ha entregado como se ha desarrollado el entramado de corrupción”, señaló el abogado, quien ha recordado que Olmedo ha recibido amenazas por su colaboración a la justicia.

Hay que recordar que Olmedo ha mencionado a varios funcionarios del alto gobierno que estarían relacionados con estos hechos de corrupción.

En la investigación también estarían implicados, según las informaciones reveladas por la prensa, Sandra Ortiz, que fue consejera para las Regiones; Iván Name, del Partido Verde y que fue presidente del Senado en la anterior legislatura (2023-2024), y Andrés Calle, que ya dejó la presidencia de la Cámara.

Al parecer, en el entramado de corrupción sobre la contratación de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, se habría sacado un millonario contrato para supuestamente pagar coimas a los congresistas con el fin de lograr que aprobaran reformas del Gobierno Nacional.

"A Name había que darle $60 mil millones en contratos y a Calle unos $10 mil", dijo Olmedo en interrogatorio a la Fiscalía y revelado en audiencias anteriores.

Así mismo, la información que tiene en su poder la Fiscalía señala que, incluso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría estado presionando para presuntamente direccionar contratos de la UNGRD, tras haber girado recursos a esa entidad, y se le entregaran a contratistas cercanas de los congresistas. 

Frente a esas acusaciones, Bonilla ha indicado que espera que sea llamado por la justicia para dar a conocer su versión de los hechos. 

En la audiencia contra Olmedo López también fueron imputados Sneyder Pinilla, quien tenía la subdirección de la UNGRD, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.

El ente acusador señaló que López presuntamente se quedó con 724 millones de pesos (unos 179.000 dólares), mientras que Pinilla 324 millones de pesos (unos 80.000 dólares) en coimas y contratos.